Esta falsa salida de la crisis es una etapa más en el camino del país hacia una economía periférica y subdesarrollada España arrastra vulnerabilidades heredadas del "desarrollismo" que ningún Gobierno democrático corrigió.[Holm-Detlev Köhler, Profesor titular de Sociología de la Universidad de Oviedo, La Nueva España, 30.08.2015: http://www.lne.es/economia/2015/08/30/espanoles-aprenden/1807004.html]
En un contexto en el cual los españoles han aprendido que el bipartidismo no es inmutable, que las mayorías absolutas de la coalición PP-PSOE-CiU-PNV no son eternas, que las dos ciudades principales del país pueden ser gobernadas por personas no manchadas por las múltiples tramas de corrupción y legitimadas por su actividad cívica a favor de la justicia social; en fin, en un momento en el cual la sociedad española por primera vez desde la transición ha iniciado un proceso de aprendizaje político de mucho calado, la pregunta del titular puede parecer inadecuada. Cuando aclaro que esta pregunta no se refiere a lo político sino a lo económico, la sorpresa puede ser incluso mayor ya que llevamos meses celebrando la salida de la crisis con tasas de crecimiento del PIB y cifras de creación de empleo.
Yo, sin embargo, defiendo que esta falsa salida de la crisis no es otra cosa que una nueva etapa en el largo camino hacia una economía periférica y subdesarrollada, un camino iniciado a mediados de los años setenta en el contexto de las crisis energética y del petróleo. Los españoles, por lo tanto, no aprenden a demandar una política económica dirigida a corregir los grandes desequilibrios estructurales de su modelo productivo.
El modelo actual es el resultado del "desarrollismo" de la época tecnócrata del franquismo, que facilitó la industrialización tardía de España con unas altas tasas de crecimiento, urbanización y migración durante la década de los sesenta. La estructura económica resultante, sin embargo, implica vulnerabilidades insostenibles a largo plazo que desde entonces han sido tapadas temporalmente por coyunturas excepcionales, pero nunca corregidas por ningún gobierno democrático.
Las principales debilidades económicas generadas en el desarrollo tardofranquista consisten en una alta dependencia de la inversión extranjera, una alta dependencia tecnológica, una alta dependencia de importación de petróleo, un déficit comercial crónico, un subempleo también crónico, una constante presión inflacionista, un sector financiero inflado y especulativo, una polarización entre pocas empresas grandes y un mar de microempresas, altas tasas de economía sumergida y el fuerte peso de sectores de empleo de baja calidad y de bajo valor añadido como son el turismo y la construcción. Como consecuencia, la economía española se caracteriza por una baja competitividad, altas tasas de desempleo y de inflación, poca capacidad innovadora, recursos humanos subdesarrollados, altas tasas de endeudamiento público y privado, altos niveles de desigualdad social y un Estado de bienestar subdesarrollado.
¿Cómo ha sobrevivido esta economía tan vulnerable durante medio siglo cuando incluso pasó por épocas de convergencia con Europa? Algunas de estas debilidades han sido amortiguadas por los ingresos del turismo y las remesas de los emigrantes, las periódicas devaluaciones de la peseta y los rescates bancarios a cargo de las arcas del Estado. Los fuertes lazos familiares en una sociedad que ha salido hace sólo dos generaciones de la vida rural comunitaria todavía compensan algunas carencias de los servicios públicos. Pero, sobre todo, han sido dos coyunturas excepcionales e irrepetibles que han alimentado la ilusión de una España modernizante y convergente con Europa.
En los años ochenta, España salió temporalmente de su estado crítico a través de la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Se convirtió en un lugar preferido de inversiones foráneas en búsqueda de acceso barato al mayor mercado común del mundo. El principal destino de la inversión extranjera eran las actividades manufactureras (automoción, química, metalmecánica, alimentación, papel) mientras las industrias básicas autóctonas (carbón, acero, construcción naval) fueron en gran medida desmanteladas, lo que acentuó más todavía la desnacionalización de la industria española. Al mismo tiempo empezaron a llegar generosos fondos europeos sociales y estructurales que permitieron grandes inversiones en formación e infraestructuras.
El último gran impulsor extraordinario fue el enorme endeudamiento de las empresas y familias españolas alrededor del boom inmobiliario, iniciado en la salida de la crisis de los primeros años noventa. La abundancia de dinero a precios muy bajos y las facilidades de crédito inflaron una espectacular burbuja. La ley del suelo del Gobierno Aznar/Rato, declarando urbanizable casi todo el territorio; las políticas urbanísticas de los ayuntamientos que establecieron relaciones clientelistas y corruptas con las constructoras, las ofertas crediticias de bancos y cajas y la borrachera compradora de viviendas de las familias escaparon a cualquier control. El boom (1994-2007) fue políticamente fomentado y posible gracias a la estabilidad y la confianza como miembro de la zona euro. Así, la burbuja no estalló hasta la llegada de la crisis financiera internacional y la deuda y el empleo de baja calidad en sectores resguardados de la competencia internacional como la construcción, la hostelería, el comercio y los servicios personales no dejaron de crecer. Pero al mismo tiempo las debilidades estructurales de la economía española se reprodujeron y se agravaron. Los gobiernos del PP y del PSOE no sólo inflaron la burbuja, sino que además desaprovecharon la bonanza económica más larga de la democracia para realizar las reformas estructurales necesarias con lo cual lo de "España va bien" se convirtió en el lema de una irresponsable complacencia.
El estallido de la burbuja en 2008, por lo tanto, no fue una crisis, sino la vuelta a la normalidad de una economía vulnerable y en declive sostenido desde hace cuarenta años. Si actualmente los indicadores macroeconómicos presentan una ligera tendencia alcista, esto se debe a un efecto estadístico después de seis años de fuerte recesión y, otra vez más, a un conjunto de factores externos como la facilidad de crédito barato, la política expansiva del Banco Central Europeo, la bajada de precios del crudo, la devaluación del euro, la entrada de "fondos buitre" provenientes de China, Rusia y algunos países árabes y un repunte de la demanda doméstica.
¿Pero está España preparándose para un futuro aumento del precio del petróleo y del crédito, para el fin de estas condiciones excepcionales? Los parches del pasado han desaparecido, dentro del euro no se puede devaluar la moneda y los fondos europeos se dirigen ahora a los nuevos miembros centroeuropeos de la UE que, además, ofrecen mejores condiciones para la inversión foránea. En estas condiciones, la austeridad y la "devaluación interna", es decir la reducción de salarios y gasto social, sólo conducen a una espiral de empobrecimiento, pero no a la recuperación de competitividad.
En un país sin burguesía fuerte, sin empresariado innovador, con una iniciativa privada crónicamente débil y donde los inversores extranjeros ya no llegan, sólo queda la iniciativa pública en forma de una política económica estratégica de fomento de sectores con potencial de futuro y con inversiones en grupos y "clusters" industriales innovadores con capacidad de arrastre como camino hacia un futuro más sostenible.
Pero España abandonó cualquier ambición en política económica hace tiempo. Fue en la época de Felipe González cuando su ministro de Industria y luego de Economía Carlos Solchaga proclamó las dos frases programáticas para todos los gobiernos siguientes: 'España es el país donde es más fácil hacerse rico' y 'la mejor política industrial es la que no existe'. El propio Felipe González declaró al semanario alemán Die Zeit (25/11/1994): "La pérdida de soberanía en política económica a favor de la UE es positiva ya que se trata de una limitación para dejar de hacer tonterías". Ellos, además, diseñaron con la "trama Filesa" de financiación ilegal y blanqueo de dinero, el modelo seguido por los gobiernos posteriores hasta hoy.
Volviendo a la pregunta inicial de por qué los españoles en cuarenta años no han aprendido reivindicar una política económica sensata, cabe señalar al menos tres ámbitos: la academia, los agentes sociales y la opinión pública. En las facultades universitarias, los estudiantes de Economía no aprenden a analizar las instituciones económicas, sino que memorizan modelos simplistas y contrafácticos que sólo sirven de legitimación para ideologías de abstención de políticas económicas. El diálogo social entre confederaciones sindicales y empresariales, por su parte, no puede fomentar políticas estratégicas y primar algunos sectores y líneas de investigación y así discriminar a otros de menor potencial porque estos agentes tienen que repartir entre todos sus afiliados y clientes según el modelo de café para todos y recursos estratégicos para nadie.
El debate público sobre política económica, finalmente, oscila entre dos posiciones tan opuestas como obsoletas. Por un lado está el dominio de un neoliberalismo ortodoxo de desregulación y retirada del Estado sin responsabilidad ninguna por la calidad de las instituciones económicas y del empleo. Por el otro, está el aumento del gasto y endeudamiento público sin responsabilidad ninguna por la generación de riqueza y las consecuencias de la deuda.
Una sociedad atrapada entre el thatcherismo de unos y el kirchnerismo de otros, sin debate académico ni agentes sociales con capacidad estratégica, no aprende y parece condenada a sufrir las consecuencias de la ausencia de una política económica sensata para mucho tiempo más.