Con este decreto el Gobierno del Principado abre la puerta a la privatización de la inspección ambiental ya que se atribuye a entidades privadas, denominadas Organismos de control ambiental, funciones materiales de inspección ambiental (artículos 11 y 18 del Decreto). De este modo, el Gobierno del Principado asume las posibilidades de inspección privada que ofrece la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, promovida por el Gobierno del Partido Popular con la oposición frontal del grupo parlamentario del PSOE.
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